El próximo gobierno recibirá un país que necesita recuperar confianza, garantizar servicios esenciales para sostener su desarrollo y reactivar la inversión. En esa agenda, la seguridad energética debe ocupar un lugar prioritario. No basta con tener recursos enterrados bajo la tierra: se requiere explorar para encontrar dichos recursos, contar con una infraestructura sólida, reglas claras y capacidad efectiva para responder ante contingencias.
El gas natural es hoy una pieza central del sistema energético peruano. Abastece cerca del 40% de la generación eléctrica nacional y evita importaciones de combustibles por aproximadamente US$2,000 millones al año. Su aporte no solo se refleja en la continuidad del servicio eléctrico, sino también en la competitividad de la industria, el transporte y el bienestar de los hogares.
Sin embargo, esa fortaleza convive con una brecha que el país no puede seguir postergando. Entre el 80% y el 90% de los usuarios residenciales de gas natural se concentran en Lima Metropolitana, mientras 14 regiones todavía no acceden a este recurso. Por ello, la seguridad energética seguirá siendo incompleta mientras millones de peruanos, permanezcan al margen de una energía más limpia, segura y económica.
Cerrar esta brecha exige ampliar la infraestructura de gas natural. Esto implica extender y reforzar los ductos existentes, impulsar activamente nuevas conexiones y conversiones vehiculares, además de destrabar los proyectos de masificación pendientes. También requiere previsibilidad regulatoria para inversiones de largo plazo, porque ninguna infraestructura estratégica puede construirse bajo reglas inciertas o decisiones que cambian constantemente.
Fortalecer el gas natural es fortalecer la competitividad del Perú. Significa reducir riesgos de abastecimiento, sostener una generación eléctrica confiable, disminuir la dependencia de combustibles importados y llevar bienestar a más regiones. Esa tarea demanda una visión nacional que articule al Estado, las empresas y las regiones alrededor de objetivos compartidos y plazos verificables.
El próximo gobierno tiene la oportunidad de convertir la seguridad energética en una verdadera política de Estado. Para lograrlo, deberá pasar del diagnóstico a las decisiones: asegurar reglas estables, promover inversión y construir la infraestructura que el país necesita para ampliar la cobertura de los servicios públicos, responder a emergencias, crecer con confianza y cerrar brechas que siguen esperando solución.
