El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha reaccionado de inmediato y bien ante la aberrante denuncia que han hecho los órganos de fachada de la banda armada Sendero Luminoso contra el Estado peruano por la eventual demolición del mausoleo que levantaron en Comas, lo cual, por cierto, hasta ahora no tiene fecha de ejecución, y por las modificaciones a la ley contra la apología del terrorismo, que permitirían detener a los que hagan marchas a favor de subversivos.

Apenas supo de la demanda, dicho sector ha señalado que se defenderá legalmente ante la siempre parcializada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al mismo tiempo ha dejado muy en claro que en nuestro país no existen los “presos políticos” -término que usan los senderistas y sus amigos que les hacen el juego- sino terroristas sentenciados por los crímenes que cometieron en su intento por pasarnos a todos por encima.

La misma contundencia que ha mostrado esta vez el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de su comunicado ante esta nueva arremetida senderista contra el Estado es la que se debe exhibir cada vez que esta gente quiera levantar la cabeza tratando de ganar espacios en un país que jamás debe olvidar el baño de sangre que nos hicieron padecer por tratar de aplicar el “pensamiento” del carnicero Abimael Guzmán.

En su demanda contra el Estado, los proterroristas recurren a su discurso de siempre: presentarse como gente que es discriminada por sus “ideas políticas” en un país donde supuestamente no se respetan las libertades. Irónico que digan eso cuando su “ideología” está basada en imponerse a través del fusil, el petardo de dinamita, el coche bomba y el tiro de gracia en la sien, para luego dejar encima del cadáver un infame cartel donde escriben “así mueren los perros…”.

En Correo, al igual que en otros medios, venimos alertando desde hace tiempo que los senderistas no andan de brazos cruzados, que están tratando de incursionar en “política”, en eventos “artísticos”, en actividades “académicas y culturales” -especialmente en universidades públicas-, y en protestas callejeras como las que vimos en contra del peaje de Puente Piedra. ¿A qué apuntan? ¿A tomar las armas otra vez? El Perú tiene que estar muy alerta.