Este mes, se cumplen 2 años desde que se inició la emergencia sanitaria por COVID-19 en nuestro país, así como todas las secuelas que la acompañaron y las medidas gubernamentales diversas para atenderla. Del presupuesto público 2020 que ascendió a S/.177,367 millones, con una reserva de contingencia de S/.26,250 millones, el gobierno comenzó a girar elevadas sumas de dinero a través de Decretos de Urgencia que disponían la atención de diferentes necesidades, tales como 100 millones de soles para agua, desagüe e infraestructura para locales educativos públicos, además de los montos originalmente asignados en el presupuesto ordinario de ese año. Para el 2021, se dispuso de 365 millones para financiar mantenimiento preventivo y/o correctivo de locales educativos a nivel regional, adquisición de kits de higiene y demás. Para el inicio del 2022 se dispuso de más de 417 millones para los mismos fines. Estos fondos, girados durante estos últimos 3 años en que los alumnos no asistieron a clases presenciales, deberían haber generado una adecuada preparación de los locales en mención, del material y del equipamiento sanitario para recibir a los estudiantes en las mejores condiciones. Sin embargo, la realidad es cruda y distinta.
Durante las visitas de control realizadas a 5,662 instituciones educativas públicas del ámbito de influencia de las 26 direcciones o gerencias regionales de educación a nivel nacional, efectuadas por la Contraloría General de la República, a fin de verificar las adecuadas condiciones del llamado “Buen inicio del año escolar”, se encontró, entre otros graves indicadores, que el 85% de escuelas no cuentan con psicólogo, que existe un faltante mayor a 38% de docentes contratados para cubrir las secciones previstas por el Minedu, 29,4% de alumnos con tablets inoperativas y como si todo ello fuera poco, 86,5% de escuelas públicas sin servicio de telefonía, 51,1% sin servicio de internet, más de 62% de locales con techos, paredes, puertas y ventanas en mal estado, 44% con deficiencias en las losas deportivas y cercos perimétricos. En resumen: una muy deplorable situación.
La pregunta que cae de madura es: ¿por qué no se aprovecharon estos dos años de cuarentenas y cierre de escuelas por emergencia sanitaria, para tomar la decisión política de ir reduciendo la enorme brecha de infraestructura escolar? Por ello, si los más de 6,5 millones de niños que atiende la educación pública, a través del pago de nuestros impuestos, pudieran expresar su opinión a través del voto, probablemente sepultarían a los políticos que “ofrecen”, sin “hacer”. Ya decía Aristóteles que, es durante nuestros momentos más oscuros cuando tenemos que concentrarnos para ver la luz.
