Recientemente, en el marco del I Encuentro por la Libertad de Prensa en Lima, se presentó un estudio de la consultora Compemedia que arrojó una conclusión preocupante: el Estado emerge como el principal ‘agresor’ de los periodistas en el Perú. Esta afirmación no resulta sorprendente si observamos la escasa tolerancia de la presidenta Dina Boluarte hacia los medios, así como su prolongado silencio ante la prensa, a pesar de tener asuntos pendientes por explicar.
El Congreso tampoco se queda atrás en esta preocupante tendencia. Recientemente, fuimos testigos de cómo el congresista Jorge Flores Ancacchi, vinculado al caso de los “Niños”, perdió los estribos, lanzó insultos y descalificaciones hacia un periodista. Además, no podemos ignorar la multitud de proyectos de ley que se promueven en el Legislativo, los cuales amenazan directamente la libertad de prensa. Es evidente el talante poco democrático de aquellos que se autoproclaman defensores y garantes de las libertades en nuestro país.
“Somos una región donde hemos venido normalizando la violencia contra la prensa”, afirmó el relator especial de la CIDH, Pedro Vaca. Y lamentablemente, tiene toda la razón. En el Perú, tan solo en los primeros cuatro meses del 2024, se registraron 119 ataques a periodistas. Desde intentos de desacreditar investigaciones periodísticas hasta agresiones y la intimidación mediante operativos fiscales, los diversos actores del Estado parecen emprender una cruzada contra la libertad de prensa y, por ende, contra la democracia misma.
