El Congreso que aborda el aspecto político de las denuncias en el caso “Lava Jato” no aparece con la autoridad suficiente para hacerlo. Según Ipsos Perú, el 77% no se siente representado en él. Dramático pues cuando nadie puede investigar ni sancionar, se abren las puertas a la impunidad. En ese vacío se impone la desconfianza sobre políticos y legisladores, que también alcanza a jueces y fiscales y, por si fuera poco, a la prensa desde que en las empresas mediáticas pueden darse -y de hecho se dan- serios conflictos de intereses.  

Todos los mediadores deben actuar con rapidez y decisión, están obligados a exhibir honestidad, rapidez, buenos reflejos y voluntad para la acción. La expectativa es grande y las exigencias mayores. A la puerta están las multitudes convertidas en actores políticos desde las calles convocadas por internet.

La agenda de las necesidades y las urgencias conocidas han pasado a un segundo plano ante la prioridad de la lucha contra la corrupción. La inseguridad temible y extendida cede su lugar a la exigencia ética de la lucha contra quienes, en las clases dirigentes, en el Estado y en las empresas, han traicionado la misión de las vanguardias éticas. Que puede ser peor que no tenerlas, conocidas y reconocidas, para que lleven a sus pueblos por el camino de los valores, por una ruta distinta a la de los negociados, las coimas, los desaguisados que cada vez se harán más palpables a la luz de la justicia norteamericana, suiza o brasileña.

Cuando el Fiscal de la Nación pide ante el Congreso la confianza total a pesar de su lentitud, puede estar descubriendo que en nuestro pueblo no hay lugar para ese acto de fe. Los antecedentes no lo amparan. Y esta actitud colectiva podría ser tan negativa como el drama de la corrupción a combatir.

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