El reciente informe publicado por el INEI ha arrojado cifras alarmantes sobre la situación socioeconómica del país. Mientras la presidenta Dina Boluarte opta por el silencio, los datos hablan por sí solos: casi tres de cada diez peruanos viven en condiciones de pobreza, lo que representa una cifra preocupante de 9 millones 780 mil personas sumidas en la precariedad.
Es evidente que nos encontramos frente a un retroceso significativo. Es como si, de repente, hubiéramos retrocedido 15 años, con la añadida preocupación de que las proyecciones para el futuro son desalentadoras. Según algunos especialistas, alcanzar los niveles prepandemia de pobreza, que ya eran preocupantes, tomará más de dos décadas si no se implementan cambios drásticos en las políticas públicas.
La pasividad de la presidenta Boluarte y su equipo frente a esta realidad es preocupante. Mientras la crisis económica golpea a los peruanos, el Gobierno parece carecer de estrategias concretas para revertir esta situación. Esta inacción solo evidencia la debilidad de la gestión gubernamental, exacerbando la incertidumbre y la inestabilidad.
Si no se implementan cambios significativos en las políticas económicas y sociales, corremos el riesgo de enfrentar frustraciones aún mayores.
Ya basta de excusas, de culpar al clima, a los desastres naturales y hasta a las protestas sociales. Ya basta de minimizar el aumento de la pobreza con la frase “la sacamos barata”, tal como dijo el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Ha llegado el momento de trabajar por el Perú y decirle a la gente qué se hará para salir de este pozo.
