La delincuencia común per se no debería ser un problema de seguridad nacional; desafortunadamente, tras dos decretos que declaran el estado de emergencia en Lima, Callao y Piura, la criminalidad sigue actuando contra el estado constitucional democrático de derecho, sacándole la lengua a las autoridades que parecen estar ocupadas en otros temas o viajes intrascendentes, manteniendo una escenografía política como si aquí no pasara nada.
Para modificar esta situación –que provoca desconfianza, alejando a la inversión privada y al turismo– apremia que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional aborde el tema sistémicamente para evitar que se siga perjudicando la implementación de políticas nacionales, en favor del desarrollo y bienestar de la población.
Con este propósito, la legislación nacional debe ser mejorada integralmente y no echarla en saco roto al momento de ejecutarse por los poderes ejecutivo y judicial, y los gobiernos subnacionales. De nada vale elevar la pena por robo de celulares mientras que otros ilícitos, más graves, tienen sanciones menores; o que los procedimientos siguientes no concreten la imposición de penalidades por “falta de pruebas”. También debe resolverse el hacinamiento de los centros penitenciarios, la erradicación de mafias inmunes en el interior y exterior de ellos, con mercados internos auspiciados por restricciones que se imponen en el acceso a esos locales, y por cobros que vulneran los derechos de los internos haciendo que la rehabilitación y reinserción en la sociedad sea una utopía.Para mejorar la economía, la seguridad debe ser implementada con acciones efectivas que demuestren una coherencia entre leyes, gobierno y justicia, y que aseguren la participación de la ciudadanía; caso contrario, nuestra indolencia y la pasividad estatal –ulteriormente– generará anomia e ingobernabilidad.
