Hay una anécdota que corre por los pasillos del Congreso de la República. Cuentan que alguien se presenta a una plaza de asesor y le preguntan sobre su estudios. Saca sus grados de maestrías y doctorados. Inmediatamente le dicen que allí no contratan ese tipo de personal. Esta realidad presentada en broma, la recordé revisando los sueldos en la web del Gobierno Regional de Piura.
Resulta que, por ejemplo, un ingeniero o una nutricionista ganan S/. 4,300.00. Hasta ahí es medianamente razonable considerando su nivel profesional. Sin embargo, no sucede lo mismo con una secretaria o un chofer que ganan nada menos que S/. 3,700.00. Ya quisiera dejar la docencia, mandar al diablo mis estudios de post grado, e ir a manejar la camioneta de algún funcionario para duplicar inmediatamente mi sueldo. Ahora, si la quiero más fácil aún, podría pedir una plaza de trabajador de servicio, por ejemplo de portero, y ganarme S/. 3,600.00.
Con esos sueldos el GR debería ser una máquina de eficiencia, de honradez, y sobre todo de productividad. Sin embargo basta darse una vuelta por sus oficinas para estresarse con la atención recibida. Personal que conversa o lee periódico, y cuando te atiende parece que te hiciera el gran favor de su vida, para luego decirte que regreses al día siguiente, y así sucesivamente. Esto explica porque cada nueva administración lleva allí a sus amigos y a los partidarios que han "aportado" para la campaña electoral.
El otro lado de la moneda sucede en el municipio piurano. Revisando su página web encontré una convocatoria para contratar profesionales en la modalidad de CAS, con un sueldo de sólo S/. 1300.00. Me pregunto. ¿Qué profesional competente va a querer trabajar por ese monto? Mejor saca su brevete, se consigue un buen padrino, y se va a trabajar de chofer en el GR. Lo más seguro es que a esos puestos vayan incompetentes que no sabrán ni elaborar proyectos. O peor aún, la plaza quedará desierta y será cubierta por un allegado al partido de gobierno. En ambos casos las consecuencias las pagará la población con obras mal ejecutadas y/o sobre valoradas.
Comparando los casos de las dos instituciones que gobiernan Piura, notamos los extremos, iguales de perniciosos, a los que no debería llegar la administración pública. Desde hace muchos años la ciudadanía informada viene exigiendo una real reforma del Estado (en todos sus niveles). Ello implica el perfeccionamiento y ejecución de la Ley de Bases la Carrera Pública y su reglamento, en la cual la meritocracia determine los sueldos y salarios. Ninguno de los candidatos con mayor fuerza ha planteado el tema por el temor a perder votos. Mientras no se tome el toro por las astas seguiremos asistiendo a estas disparidades salariales, y lo que es peor, seguirán campeando la incompetencia y la corrupción.
