Por no responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre las visitas clandestinas a la casa de la calle Sarratea, en Breña, el presidente Pedro Castillo pasó de testigo a investigado por este grupo parlamentario. Mientras tanto, el Poder Judicial deliberaba sobre la tutela de derecho presentada por el jefe de Estado para que se anule la investigación fiscal en su contra por el caso Provías.
Es claro el afán del presidente de no dar la cara ante las pesquisas de diferentes instituciones. No puede considerar un acto hostil la búsqueda de información para encontrar la verdad en temas que los peruanos merecemos saber. Tiene que comprender que la comunión que debe haber entre Gobierno y ciudadanos solo se concretará con transparencia. Si se niega a adoptar esa posición es evidente que le seguirá yendo mal. Se agravará la desconfianza y el descrédito.
El problema es que le importará más cuidar su pellejo antes que rendir cuenta de sus actos. Sin embargo, si respeta el estado de derecho y las leyes debe acatar las decisiones de sus instituciones. El presidente no puede hacer lo que quiere, de acuerdo a sus intereses, porque solo estaría vulnerando las bases con las cuales se construyen una democracia y un sistema constitucional.
