El Congreso aprobó, en primera votación, el retorno de la inmunidad parlamentaria, una figura eliminada por el propio Legislativo, en 2021, debido a la presión social tras años de uso indebido. Aunque el nuevo dictamen pone plazos y restricciones que la prerrogativa anterior no contemplaba, finalmente revive un privilegio ya rechazado y reabre la puerta a la impunidad.En el informe “La Inmunidad Parlamentaria, breve análisis de esta prerrogativa constitucional”, Proética da cuenta que, entre 2006 y 2019, de los 40 pedidos para levantar la inmunidad, solo seis fueron aprobados.

El Parlamento demostró entonces que la inmunidad no era escudo de la democracia, sino de sus propios intereses. Alegar que se necesita proteger al legislador de presiones políticas es válido, pero incompleto. Lo que realmente protege al ejercicio parlamentario es un sistema judicial independiente y mecanismos de control efectivos, no fueros especiales.Además, que este Parlamento tan desacreditado reviva este beneficio envía un pésimo mensaje. Cuando el país exige más transparencia, el Congreso responde blindándose, ignorando el descontento popular de 2021 que los obligó a eliminarla y, por ende, socava su legitimidad institucional.El Congreso no necesita privilegios. Necesita credibilidad. Recuperarla no pasa por reinstaurar antiguos blindajes, sino por demostrar que sus miembros están dispuestos a responder ante la justicia como cualquier ciudadano.