Solo para la foto

A un año, aproximadamente, de las rimbombantes y consecutivas capturas de presidentes regionales y funcionarios públicos, mezclados con gente de malvivir, solo podemos decir que las investigaciones fiscales avanzan a paso de tortuga, nadie afronta un juicio, mientras se acorta el tiempo de la prisión preventiva que los mantiene encerrados. ¿Es eficiente nuestro sistema anticorrupción?

Un ejemplo es la situación legal de César Álvarez Aguilar, quien aún no afronta un proceso judicial y puede seguir disparando desde Piedras Gordas su versión de que es inocente. A pesar de las pruebas que lo involucran en el crimen del exconsejero regional Ezequiel Nolasco, aún la Fiscalía no acusa por tratarse de un caso complejo que implica una sarta de delitos.

Lo mismo pasa con Gregorio Santos, quien no solo tiene calidad de preso honorífico de Piedras Gordas, sino que es gobernador regional electo de Cajamarca. Sobre este personaje tampoco se puede dilucidar su suerte legal, pues su proceso por presunto desbalance patrimonial y los actos de corrupción detectados por Contraloría durante su gestión regional no tienen un juicio abierto.

Otro caso emblemático es el que involucra a Gerardo Viñas, el prófugo expresidente regional de Tumbes. Lo peor de todo es que nuestro sistema anticorrupción no solo ha sido deficiente, sino que ha ayudado a que el “cuerpo del delito” huya de la escena y se estanquen más las investigaciones fiscales. En esta parte, la Policía no ha cumplido su papel y no ha podido poner a derecho al exterrorista. ¿Algún ministro del Interior explica esto?

Como vemos, las capturas de autoridades y funcionarios no son suficientes acciones legales para imponer la ley. Acá hace falta que se consuma el derecho y que el peso del mismo llegue hasta el fondo del asunto: una condena o la absolución. No nos quedemos en solo órdenes de prisión preventiva solo para la foto.