Aldo Mariátegui me invitó a escribir en respuesta a Ricardo V. Lago, quien el domingo pasado respondió en Correo un artículo que escribí comentando su receta de meterle un hachazo de 500 millones de dólares por mes al gasto público para frenar la economía. Y también aprovecharé para comentar aspectos vinculados. Vale esta introducción para poner en autos a los lectores.
Lo primero que llama mi atención es que los detractores del crecimiento presentan las cosas como si Dios las hubiera establecido así. Ejemplos de sus dichos: No vayan a imaginar que se puede sostener un ritmo de crecimiento anual de 10% del producto. O el optimismo de los agentes económicos resulta exuberante e infundado. O el gasto público en obras es siempre de pésima calidad, campea la corrupción y los funcionarios del MEF están allí para defender los recursos públicos, así que al frenar las obras están evitando despilfarros. O el gasto en obras, particularmente si son grandes y participa el sector privado, es doblemente sospechoso y trae consigo misteriosas "consecuencias indeseables no anticipadas". O al embarcar al país en asociaciones público-privadas (APP), que hay que pagar después a lo largo de 30 años, se está hipotecando el futuro. Analicemos algunas de estas perlas.
Países como China y otros en Asia han crecido a tasas de 10% o más por décadas, con inflación moderada y sin entrar en crisis fiscales. Es decir, sí se puede, otros lo han hecho. Tengo la impresión de que aquí hay una impronta perdedora, la de un pobre país siempre en trance de vivir bonanzas flor de un día, seguidas por crisis apocalípticas.
Antes que "celosos guardianes de los recursos públicos", lo que se ha instalado es una práctica habilidosa del manejo fiscal. Lograr un superávit de 2% del producto parece un mérito, pero al lado de un déficit de infraestructura de 27% del producto resulta poco meritorio, sobre todo porque se logra de la manera fácil, es decir, frenando las obras públicas y evitando las APP antes que reduciendo la grasa estatal improductiva o aumentando la recaudación mediante una ampliación de la base tributaria (para lo cual se necesitaría una reforma laboral que estos mismos economistas no se atreverían a promover).
Hablando de consecuencias o efectos indeseados, veamos algunos otros:
1) Defender al dólar puede llegar a ser inflacionario también. El BCR compra millones de dólares para evitar que baje. Paradójicamente, este año va comprando en siete meses casi lo mismo que Ricardo V. Lago propone cortar con hachazos al gasto público en un año: 6,000 millones de dólares. El BCR esteriliza los soles con los que adquiere dólares, emitiendo bonos. Los bonos en "soles esterilizados" son dinero en reposo, pagan intereses, esterilizarlos tiene un costo, y que no circule por un tiempo no quiere decir que ese dinero no existe.
2) Mencionar con ligereza el peligro inflacionario por una subida de precios del trigo, que es distinta y menor a la ocurrida hace dos años, impulsa a los panaderos a revisar sus precios al público. ¡Profecía autocumplida!
3) Decir que pecan de optimistas y yerran quienes creen que vale la pena traer dólares e invertir productivamente, porque el país no puede sostener un ritmo de crecimiento tan alto, desalienta las inversiones.
Sería mejor manejar los instrumentos monetarios serenamente, y dejar que los empresarios dispuestos a invertir en el país tomen sus decisiones y riesgos en base a su criterio y a la información disponible. ¿Para qué cambiar las expectativas tan bruscamente?
Visto al revés: ¿por qué tanto pesimismo sobre el futuro de la economía? Tenemos casi tantas reservas internacionales como la brecha de infraestructura entera, que es de 37,000 millones de dólares, pero no somos capaces de gastar rápido, con SNIP, calidad en el gasto y en los controles, para cerrar la brecha en unos cinco años invirtiendo en infraestructura a un ritmo anual sostenido de 6% del producto, tal como está ocurriendo este año.
Se puede mejorar la calidad del gasto público estandarizando las obras pequeñas (escuelas, postas médicas, etc.), asegurando velocidad y controles. Se puede llegar a invertir 6% o 7% del producto anualmente en infraestructura con participación del sector privado, para lo cual las APP cofinanciadas serían un gran instrumento. Hay que explicitar una política de cofinanciamiento, a lo que el MEF se opone radicalmente hasta el momento. Por ejemplo, cofinanciando al 20%, con 1% del producto aportado por el Estado, se podría ejecutar grandes proyectos por 5% del producto, en APP con mantenimiento asegurado por 30 años.
Conclusiones:
a) Claro que es deseable lograr superávit fiscal, pero haciendo obras y equipando al país con infraestructura al mismo tiempo. Hay que modernizar la gestión económica, lejos del fondomonetarismo de los ochenta.
b) No hay que ser clarividente para notar que si un gobierno le mete hachazos al gasto público para secarlo por temor al futuro, difícilmente va a conseguir que la inversión privada continúe como si nada pasara.
c) Al hacer infraestructura con calidad y mantenimiento asegurado en APP, no estamos "hipotecando el futuro"; al contrario, estamos asegurando un mejor futuro.
