Tía María: No a la represión

Un gran problema del Estado peruano es haber renunciado a su capacidad natural de planificar las políticas públicas de mediano y largo plazo, así como a regular las actividades que afectan a los ciudadanos.

El conflicto socioambiental del proyecto minero Tía María, en el Valle de Tambo (Arequipa), estalla porque el Estado ha renunciado a la planificación económica y social en el país: a) renuncia a ordenar las actividades en el territorio nacional; b) evita establecer en qué lugares se desarrolla o no la actividad minera o se prioriza la agricultura; c) deja de fijar reglas claras entre las partes y obvia su condición de árbitro entre la población y la empresa minera.

Debemos ser claros: el proyecto minero Tía María, en Arequipa, es inviable por la existencia de acuíferos de aguas subterráneas donde se pretende realizar la actividad minera, aguas que serán contaminadas con una explotación a tajo abierto, dañando irremediablemente la principal actividad económica de la población del valle.

El Poder Ejecutivo, al otorgar una licencia legal impracticable por carecer de licencia social de la población, no solo comete un grave error, sino que demuestra su falta de capacidad de constituirse en un mediador legítimo en este conflicto.

La presencia de militares y policías en la zona del conflicto minero no ayuda en la búsqueda de soluciones. Por el contrario, lo agudiza. Se equivocó el Gobierno al otorgar la licencia y ahora pretende acallar una justa protesta con represión. Hay que corregir el rumbo y se necesita establecer mesas de diálogo entre la población y la empresa minera, con el Estado ejerciendo su papel regulador y, sobre todo, de protección a sus ciudadanos.

Tía María es ya un problema político nacional. Es lo primero que el Gobierno y la minera deberían empezar por entender.