Que un gran número de llamadas extorsivas se realizan desde dentro de los penales, es una realidad palpable, tal como lo ha señalado en estos días el ministro de Defensa, Rafael Belaunde. Sin embargo, esta situación viene sucediendo desde hace al menos dos décadas sin que los sucesivos presidentes, ministros y responsables de la seguridad de los penales hayan hecho algo decisivo al respecto.
Indignante que en las últimas horas el ministro Belaunde haya dicho que estuvo en las afueras de los penales de Lurigancho y Miguel Castro Castro, y que pudo realizar llamadas con su celular personal, lo que dejó en claro que no hay restricción alguna… a dos décadas de detectado el problema.
Si esto sucede en dos penales de Lima, cómo estará en la cosa en otros reclusorios de ciudades como Trujillo, Chiclayo o Piura, donde se encuentran muchos de los sindicados como cabecillas e integrantes de bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato.
El nuevo gobierno lleva un mes y ha anunciado medidas para poner orden en los penales. Eso está muy bien para corregir lo que no se ha hecho en dos décadas, pero es momento de comenzar a mostrar resultados. Que a estas alturas no estén operando los bloqueadores de llamadas en dos penales de Lima, es una burla a la ciudadanía.
