GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3
GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3

Luego de las declaraciones dadas por Jorge Barata en Brasil, queda claro que el gran beneficiado por el mal trabajo que hizo el Ministerio Público en tiempos de Pablo Sánchez ha sido el expresidente Alejandro Toledo, a quien pese a las evidencias de desbalance patrimonial que datan de inicios del 2013 se le dio la posibilidad de fugar del país en enero del 2017, pocos días antes de que recién se le dicte orden de captura.

Barata no ha hecho más que confirmar lo que era una evidencia en el 2013, cuando se descubrió el alucinante crecimiento inmobiliario de Toledo y su familia, que no podía tener un origen lícito. Ahora sabemos que la casa de Las Casuarinas, la oficina de la Torre Omega y las hipotecas de las propiedades de Camacho y Punta Sal salieron de la coima de $31 millones pagada por Odebrecht.

Lamentablemente, Toledo está dándose la gran vida en California, Estados Unidos, de donde será muy difícil traerlo para que responda ante la justicia por el dinero recibido a cambio de entregar obras públicas a Odebrecht, que tenía como “política empresarial” comprar a autoridades corruptas, como el propio Toledo, quien incluso exigía que se apuren en darle la suya.

El Ministerio Público, ese que hasta ahora no es capaz ni de formular acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, debe una explicación al país por la forma en que se dejó escapar a Toledo a inicios del 2017, mientras que con otros no se ha actuado de la misma manera. Evidencias había de sobra, pero nadie hizo nada. ¿Por qué?