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Los niveles de desaprobación ciudadana del Congreso de la República baten todos los récords. La deslegitimidad es muy alta y las razones son diversas. La falta de transparencia es una de las más importantes y ha sido una característica, lamentable, de las gestiones que han presidido el Parlamento en los últimos años. Por ello, el reciente anuncio desde la presidencia del Legislativo de transparentar los pedidos de bienes y servicios que realicemos los parlamentarios es una acción concreta en esa línea, y debe ser reconocida y destacada, así como replicada en otros espacios del Parlamento.

Así pues, es importante que la ciudadanía pueda conocer a la brevedad todos los acuerdos que ha tomado la Mesa Directiva desde agosto del 2017 en adelante. A la fecha, dicha información sigue ausente de la web del Congreso. De igual forma, es necesario alentar una política de datos abiertos que permita que nuestras votaciones y asistencias a las sesiones y plenos puedan ser analizadas de mejor manera. Otro punto a considerar es que tanto la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Ética permitan al menos el acceso a los pedidos ingresados y a los informes que se emitan.

Es evidente entonces que el estándar de transparencia debe cambiar. Se debe dejar de lado la interpretación pasiva vigente, en donde la información se mantiene oculta o es proporcionada al ciudadano solo si la solicita formalmente, a un modelo activo en donde la regla sea el libre acceso a dicha información. Solo así podremos hablar de un verdadero cambio y revertir la percepción ciudadana.

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