Según cifras del INEI, el empleo adecuado no se ha recuperado desde que empezó el Estado de Emergencia por el COVID-19, hace casi 30 meses. Así, por ejemplo, en Lima Metropolitana, las 2 millones 800 mil personas que actualmente gozan de un empleo adecuado es un 9.3% menor en comparación a los niveles que se tenían en los periodos previos a la pandemia; mientras que la población subempleada ascendió a 2 millones 280 mil personas, incrementándose en 3,2% respecto al 2021. Cifras nada alentadoras.
Por otro lado, a pesar que entre los años 2019 y 2021 se ha incrementado considerablemente el número de personas que forman parte de la población económicamente activa (PEA), casi la mitad de ellos no consiguen un empleo adecuado, razón por la cual más del 80% accede a un empleo informal sin ningún beneficio ni seguro que los proteja, ubicándose dentro del grupo de personas en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, resulta inexplicable que, sin ningún sustento técnico y sin debate previo en el Consejo de Ministros, se haya aprobado un Decreto Supremo que elimina la tercerización laboral, trasgrediendo no sólo el marco constitucional -al vulnerar el derecho a la libertad de empresa y de contratación- sino sobre todo, el derecho al trabajo de más de 260,000 trabajadores afectando así a casi un millón de peruanos y peruanas. Tras cuernos, palos.
Al respecto, es importante señalar que la tercerización laboral es un esquema que utilizan diversos sectores, como la pesca, en función de la especialización y experiencia que tienen estas empresas proveedoras, que en la mayoría son pequeñas empresas.
Por ello, haría bien el Congreso de la República en aprobar de una vez la derogación de esta norma, tal como lo ha propuesto de manera técnica la Comisión de Economía. De no hacerlo, nos espera lamentablemente el desempleo, la informalidad y la recesión. Estamos todos advertidos.
