Tremendas decisiones judiciales

Entre el fin de semana y el lunes último llegó, desde Piura, la buena noticia de que la Policía Nacional junto con la DEA habían logrado incautar un descomunal cargamento de cocaína que se aprestaba a salir por vía marítima -como la mayoría de droga que sale desde el Perú- desde Paita hacia el exterior, y que en la intervención se detuvo a un grupo de peruanos y extranjeros que tendrán mucho que explicar ante el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre el origen y destino del embarque que fue objeto de un paciente seguimiento por parte de efectivos policiales.

Recién hoy las autoridades darán la información oficial sobre este tremendo éxito alcanzado en la lucha contra el narcotráfico a gran escala, ese que mueve millones de dólares y genera muchos delitos a su alrededor. Sin embargo, se ha sabido que la cocaína que se aprestaba a salir camuflada en varios lotes de pota fue producida nada menos que en el Valle de los Ríos Apurímac-Ene y Mantaro (VRAEM) y que fue movilizada de a pocos hasta la región Piura, donde fue acopiada por largos meses, antes de una "exportación" que finalmente se frustró.

No obstante, este éxito en la lucha contra el narcotráfico, cuya cadena de delito se inicia en el VRAEM, se ha visto opacado por la decisión de una jueza que en las últimas horas, tal como informamos en nuestra edición de ayer, ha permitido por razones que debería explicar muy bien a todos los peruanos y a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), que 16 de las 23 personas detenidas la semana pasada por sus nexos con los narcoterroristas de esa convulsionada zona del país afronten su proceso en libertad y no en prisión, pese a las contundentes pruebas que existen en su contra.

Precisamente la semana pasada, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante José Cueto, visitó las instalaciones de Correo para una entrevista y comentó a los presentes sobre la importancia de la detención de ese grupo de personas, que se acababa de producir, pues nos dijo que hoy la estrategia consistía no solo en golpear a cabecillas narcoterroristas como "Raúl", "José" y compañía, sino también en poner tras las rejas a quienes les daban apoyo financiero y los proveían de armas, municiones, transporte y medicinas.

Es por eso comprensible la reacción mostrada ayer por el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien señaló que debido a las pruebas existentes, estos personajes debieron quedar en prisión y desde ahí afrontar su proceso judicial por colaborar con lo peor que ha dado este país, como son los senderistas y sus remanentes que operan en alianza con el narcotráfico en la selva del VRAEM. Habría que ver si cuando se les cite se dignarán aparecer, o habrán pasado a la clandestinidad gracias a la benevolencia de la jueza que los mandó a esperar a sus casas.

El accionar de los jueces en este caso ha sido lamentable, al igual que en la benévola sentencia que se dictó ayer contra los responsables del salvajismo visto en La Parada en octubre del año pasado. No se puede dejar de mencionar tampoco el caso del impresentable espía Víctor Ariza, que como mostramos en esta edición, gracias a un fallo judicial recibirá del Estado y de la Fuerza Aérea del Perú, un dinero, una pensión y la devolución de un departamento que le fue embargado cuando se le encontró responsable de haber vendido información militar secreta a otro país, lo más bajo que puede hacer un peruano, sea civil o uniformado.