Hace pocos días se cumplieron 10 años del fallo de la Corte de Justicia de La Haya sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile, poniendo fin a una controversia que estuvo vigente por décadas sobre el espacio territorial fronterizo de soberanía marítima entre ambos países; logrando recuperar 50 mil km2 de mar gracias al referido fallo.

Ello, que en su momento fue un triunfo para el Perú y fue celebrado por todos, pues nuestro país por fin podría aprovechar ese espacio marítimo en beneficio de sus ciudadanos; hoy, lamentablemente, comprobamos que no ha sido así. En efecto, las normas vigentes que regulan y han regulado al sector pesquero industrial en la zona sur del Perú en los últimos diez años, no han beneficiado en absoluto a los peruanos; todo lo contrario, el gran beneficiado es Chile.

Lamentablemente, las decisiones equivocadas de nuestras autoridades están llevando a la quiebra a la industria. Hasta el año 2012 y con una regulación basada en la ciencia, en el Perú se llegaron a desembarcar cerca de 900 mil toneladas de anchoveta, mientras que en Chile alrededor de 700 mil. Sin embargo, en el año 2023, apenas alcanzamos las 26 mil toneladas y nuestro vecino del sur nos saca ventaja porque pesca todo el año.

Lo mismo ocurre con el jurel, donde la falta de criterios técnicos para determinar las cuotas de pesca y la apertura de las temporadas, impiden aprovechar adecuadamente el recurso por las embarcaciones industriales; toda vez que migra principalmente hacia Chile para luego regresar a nuestro mercado como un producto importado y a un mayor precio. Mientras otros se benefician, acá seguimos con los brazos cruzados, desaprovechando el triángulo que tanto esfuerzo costó recuperar.