El Poder Judicial, a través de su Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), tiene una gran oportunidad para lavarse la cara y dejar en claro el caso de los tres magistrados de la región Ica que desestimaron una denuncia por violación, al afirmar en su resolución que la víctima estuvo dispuesta a tener relaciones sexuales por llevar ropa interior de color rojo, fue un hecho aislado cometido por personas a las que jamás se les debió dar la responsabilidad de administrar justicia.
Este hecho aberrante e indigno de profesionales del derecho, no puede quedar impune dentro del Poder Judicial. Los magistrados de la Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de la Zona Sur de Lima Lucy Castro Chacaltana, Diana Jurado Espino y Ronald Anayhuamán Andía merecen ser investigados con el máximo rigor por este hecho que pinta entero lo mucho que le falta a nuestro sistema de justicia para ser digno de un país civilizado.
Gracias a estos jueces y a su “argumento” de que la denunciante estuvo dispuesta a tener relaciones sexuales a juzgar por el color y modelo de su calzón, el acusado de violación ha sido absuelto. Debe ser el único feliz en esta historia que llena de indignación al país y muestra cómo camina nuestra justicia. En buen momento este caso aberrante haya salido a la luz y que se tomen medidas, pero habría que preguntarse qué sucede con otras situaciones similares que no trascienden.
Toda persona debe ser declarada culpable o inocente en base a argumentos válidos, coherentes y ajustados a la ley, y no en función a aquellos como los consignados en su resolución por los tres mencionados magistrados de la región Ica, que habría que ver qué otros fallos han dado, pues si son capaces de salvar a un acusado de violación por el color de una prenda de quien lo acusa, podemos esperar cualquier cosa de ellos.
Nuestro sistema judicial no solo mejorará cuando se cambien a ciertos jueces y fiscales supremos, sino también a aquellos de todas las instancias y todos los distritos judiciales del país que no están haciendo bien su trabajo, sea porque son ineficientes, indiferentes o corruptos. Estas personas no deben de seguir en sus cargos y es la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la que tiene que actuar con severidad cuando casos como estos lleguen a sus manos.
