El país nunca ha sido seguro, pero de un tiempo a esta parte, diariamente informamos sobre robos, asaltos, ataques de sicarios y crímenes por encargo. El asesinato del alcalde de la provincia ayacuchana de La Mar, Wilder Manyavilca, y su esposa, Dunia Bustios, es el último de una seguidilla de crímenes que causan indignación en su momento y logran que las autoridades prometan acciones para hallar a los culpables, pero que finalmente terminan olvidados y, para el estupor de los deudos, no son resueltos para luego convertirse una mera estadística de la poca efectividad de las fuerzas policiales.
Pero esto no es culpa solo de la Policía Nacional del Perú. La incertidumbre política, reflejada en tres ministros del Interior menos de cuatro meses de gobierno, sumada a que la delincuencia está cada vez más organizada y mejor armada que la policía, nos ha llevado a este punto en el que autoridades democráticamente elegidas son asesinadas cuando se dirigían a oficiar una ceremonia que forma parte de sus funciones.
El asesinato del alcalde Manyavilca y su esposa, tiene que ser aclarado por las autoridades. Los peruanos tenemos derecho a saber si han sido narcoterroristas, narcos o delincuentes comunes por razones que tienen que ser explicadas.
