¿Un gobierno de papel?

Los sucesos en Tía María parecen haber gestado un efecto dominó a lo largo del país. Basta con prender las noticias para ver empresas de gas en Talara siendo quemadas, carreteras bloqueadas en Quellaveco y aún más protestas contra empresas mineras en Cusco y Apurímac.

La suspensión de la licencia de construcción en Tía María sienta, pues, un precedente con un mensaje contundente y nefasto: la violencia es un camino admisible para lograr la genuflexión del Gobierno.

Hay algunas verdades irrefutables para todos los peruanos. En primer lugar, la minería es hoy el motor de la economía peruana. En segundo lugar, la tecnología actual permite que el desarrollo de actividades mineras coexista perfectamente con el cuidado y preservación del medio ambiente. Finalmente, se debe asegurar que quienes están más cerca del proyecto minero sean los primeros en gozar de los frutos de la riqueza que está bajo sus tierras. Los pasos que está tomando el Estado parecen no reconocer ninguna de estas afirmaciones. ¿Cuál es el objetivo del Ejecutivo? Si es mantener la aprobación popular, pues estamos en problemas. El presidente Vizcarra viene usando como sustento para su gobierno dicha aprobación, siendo esta un trípode débil y sujeto al cambio. Su gobierno se apoya, entonces, en un castillo de papel, muy fácil de construir, pero más fácil aún de desplomarse.

¿Quiénes se ven afectados? Todos: promineros y antimineros -como quieran llamarse-. Ayer el diario Gestión publicó que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía había reducido su proyección de inversión minera para el 2019 de 6 mil millones de dólares a 5 mil millones. Mil millones de dólares menos para invertir en construir colegios, hospitales, y pagar sueldos para que los peruanos tengan más dinero en su bolsillo.

Es a costa de todo eso, además de la erosión de la institucionalidad, que la aprobación del Presidente repunta temporalmente. ¿Vale la pena?