Si los inocentes pensaban que el presidente no podría tener más nombramientos cuestionados, se equivocaron.
La elección de Javier Wilfredo León Mancisidor como titular de la Procuraduría General del Estado (PGE), un investigado por la fiscalía por un presunto fraude para favorecer al narcotraficante Fernando Zevallos y a quien el Colegio de Abogados de Lima suspendió del ejercicio de su profesión por cuatro años por este mismo hecho, es una prueba de ello.
Este es el segundo procurador que nombra Castillo, la primera, María Caruajulca, fue retirada luego que la Contraloría cuestionara el cómo fue nombrada y su idoneidad para el cargo y su ingreso se dio luego que su antecesor, Daniel Soria, fue despedido por el ahora premier, Aníbal Torres, por denunciar al exsecretario de la presidencia, Bruno Pacheco.
El ministro de Justicia, Félix Chero, intentó defender la designación de León Mancisidor, pero lo único que logró fue que se dudara más de la idoneidad de este para detentar un cargo con una función tan importante como es la de defender los intereses del Estado.
¿Por qué el presidente insiste en estas designaciones? ¿No tiene asesores? o ¿conoce los antecedentes y, pese a ellos, los nombra para agudizar la crisis y así intentar quebrar la institucionalidad?
