Desde el inicio de la gestión, el gobierno de Pedro Castillo Terrones ha demostrado tener animadversión con la prensa que no funge como su caja de resonancia y eso se evidenciaba con los más de 100 días que el presidente no dio ni una sola declaración a los medios de comunicación.
Pero han dado un paso más allá, a un intento de censura sin tapujos, al presentar al Congreso un proyecto de ley para crear el delito de difusión de información reservada en una investigación penal y pretende sancionar hasta con cuatro años de cárcel a quien ventile datos de una pesquisa en etapa preliminar.
¿Qué significa esto? Pues que el gobierno busca frenar el derecho al libre acceso a la información y se apoya en el Parlamento nacional -que también tiene miembros y bancadas cuyos líderes que están bajo investigación fiscal- para lograr este despropósito.
En caso esta norma proceda no solo limitará el trabajo de la prensa sino que también podrá ser usada para intimidar a fiscales y jueces encargados de llevar a cargo los procesos.
En resumen, estamos frente a un gobierno lleno de investigaciones por corrupción que pretende, con la anuencia del Congreso, usar su poder para ocultarlas.
