El nuevo gobierno del Perú es legal porque ha surgido de las entrañas de la norma constitucional (infra legem) por lo que no hay usurpación del poder -mal se hace en invocar el derecho de insurgencia (Art. 46)-, ni deviene de ningún golpe de Estado porque para tenerlo no se valió de la violencia o uso de la fuerza como sí hizo Pinochet contra Allende en Chile o Velasco contra Belaunde en el Perú, sino de los mecanismos previstos en la propia Constitución. Pero los gobiernos no solamente están investidos de legalidad, sino también legitimidad, que es el respaldo, beneplácito y aquiescencia del pueblo o soberano, que fue el mayor legado de la Revolución Francesa (1789). Solo el soberano legítima, sea a través del Congreso o en las calles, y por mayoría. Legalidad (norma jurídica) y legitimidad (voluntad del soberano), entonces, son indispensables para que un gobierno sea capaz de ejercer el poder que cuenta. El del señor Merino adolece de lo segundo y basta mirar la polarización del país, por los miles de motivos que se quiera argüir. ¿Cómo se resuelve?. Como ha sido desde los tiempos del Derecho Romano: por una decisión jurisdiccional. El Tribunal Constitucional debe hacerlo -ya lo ha recomendado la OEA-, y es su deber, de lo contrario podríamos perder lo más preciado en medio de una pandemia y ante la inminencia electoral de 2021, que es el orden social, y acabar anarquizados. Solamente así, llegarán los reconocimientos internacionales en serie. Como los tribunales aquí y en la China, emiten decisiones de iure o de derecho, jamás dictarán una que altere el statu socio-político, excitando la crisis que termine en una barbarie, al devolver en el cargo a Vizcarra o confirmando a Merino como mandatario. Recordemos que el TC, que suele aplicar el derecho, se eleva creándolo y lo hace valiéndose de las fuentes del derecho como método eficaz para ese objetivo. Para aportar con los letrados, propongo que su sentencia decida que el Congreso nombre por consenso o aclamación -nunca por votación- al congresista que por excepción, personifique a la Nación, durante la etapa de la transición. Así se hizo con Valentín Paniagua en el 2000, en que fue ungido de legalidad y legitimidad.
