El pasado lunes, el Tribunal Constitucional (TC) falló sobre una demanda competencial presentada por el Congreso contra el Ejecutivo respecto a la llamada “denegatoria fáctica de la confianza” y resolvió que esta interpretación es contraria a la Constitución.
Si bien la demanda fue presentada ante una resolución del Consejo de Ministros presidido en ese entonces por el inefable Aníbal Torres, uno de los implicados en el golpe de estado de Pedro Castillo, sirve para cerrar un resquicio demasiado peligroso para el equilibrio de poderes ya que esta “denegatoria fáctica” fue la que Martín Vizcarra aprovechó para cerrar el Congreso en 2019.
Así que no fue gratuito que Torres, con la anuencia o beneplácito de Castillo Terrones, intentara usar esta figura para poner al Congreso contra las cuerdas.
Por eso también era necesaria la decisión del TC de anular el acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2022 porque establecía que el rechazo de plano del Congreso a la solicitud del Ejecutivo supuso un rehusamiento o denegatoria de la cuestión de confianza.
El Ejecutivo y Legislativo cuentan con herramientas de control político y su uso es prerrogativa de cada uno, pero ambos deben hacerlo dentro de los alcances que la Constitución establece, porque lo contrario significa el caos.
