Un reto para el Gobierno

La huelga de docentes que se inicia hoy es una excelente oportunidad para demostrar la capacidad del Gobierno, si es que la tiene, de actuar con la ley en la mano ante paralizaciones ilegales que no hacen más que afectar la formación de los niños y jóvenes más pobres de este país, y es de esperarse que todos respaldemos a esta administración que, a diferencia de la anterior, tiene previsto, según parece, hacer respetar la autoridad del Estado.

En entrevista a este diario, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, ha señalado que las cosas se harán de una manera muy distinta a lo sucedido en los tiempos de su antecesora Marilú Martens. Asegura que esta vez, por tratarse de una paralización ilegal, habrá descuentos para los que no trabajen. Ha dicho que durante la huelga del año pasado no hubo retenciones de sueldos, y eso es algo que deberían explicar quienes estuvieron a cargo del sector en esos momentos.

De otro lado, es de esperarse que la Policía sepa actuar de acuerdo a ley ante cualquier acto de violencia. No se puede permitir la toma de carreteras, y mucho menos que se intente ingresar a aeropuertos y hasta apoderarse de las pistas de aterrizaje a fin de impedir las operaciones aéreas. A los que suelen defender a los revoltosos, habría que preguntarles si impedir estos delitos desde el Estado equivale a “criminalizar la protesta”.

En sus declaraciones a Correo, el ministro Alfaro también ha dicho algo muy grave: que tras la huelga del año pasado, las clases perdidas jamás se recuperaron de manera adecuada, lo que sin duda ha afectado la formación de los niños y jóvenes de planteles estatales, que así sumarán una desventaja más frente a sus pares de los colegios privados. ¿Dónde queda la “igualdad” y la “justicia social” de la que hablan aquellos que promueven y apoyan estas paralizaciones?

El año pasado, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sufrió un grave remezón con la huelga de docentes, la que afrontó sin las herramientas necesarias, al extremo que el Poder Ejecutivo no sabía ni que el Sutep se había dividido y que la facción más radical había tomado mucha fuerza. Esta vez las cosas tienen que hacerse de una manera diferente, y anteponiendo la legalidad y el derecho de los niños y jóvenes más pobres a recibir formación adecuada.