Como si de un gran acontecimiento se tratase, y tras varias semanas de jugar al misterio, el presidente Pedro Castillo promulgó ayer la ley que permite el sexto retiro de los afiliados a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

Pero seamos claros, esta norma, aprobada por la mayoría del Congreso el pasado 4 de mayo, es usada tanto por el Ejecutivo y Legislativo para sacar réditos políticos, levantar su alicaída imagen y desviar la atención respecto a cómo están gobernando.

Liberar estos fondos tampoco es un favor para los aportantes que ven, mes a mes, cómo se les descuenta el sueldo y, pese a ello, sus cuentas en las AFP pierden dinero por distintos motivos.

Más allá del show innecesario, seguir horadando los fondos previsionales de la minoría de peruanos que tiene acceso a un trabajo formal -y que es obligada a aportar- no es una solución viable para la crisis económica y tampoco sirve para hacer más atractivo al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ni mucho menos, al sistema nacional.

Lo que urge es una reforma. El Congreso y el Ejecutivo deben dejar de dar dinero y trabajar junto a las AFP en mejorar el sistema y que no solo se beneficie a quienes más aportan sino que se abra para que más gente tenga una pensión justa.