La advertencia de las ONU sobre la posibilidad de que el fenómeno El Niño alcance una intensidad sin precedentes debe ser tomada con la máxima seriedad. En el Perú, la presidenta Keiko Fujimori también ha expresado su preocupación por la magnitud del evento. No se trata de sembrar miedo, sino de comprender que estamos ante una amenaza que podría poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado y la preparación de nuestras comunidades.
Piura acaba de ofrecer una primera señal de lo que puede ocurrir si las lluvias intensas coinciden con ciudades vulnerables y sistemas de drenaje insuficientes. Las precipitaciones registradas el 20 de octubre dejaron calles, viviendas y establecimientos afectados por los aniegos, mientras el agua acumulada dificultaba el tránsito y alteraba las actividades cotidianas.
El peligro, además, no se limita a las inundaciones. El calentamiento del océano y las alteraciones en los patrones de lluvia pueden generar impactos diferentes según la región: desde huaicos, deslizamientos y daños en carreteras hasta sequías, estrés hídrico, pérdidas agrícolas y afectación de ecosistemas.
La emergencia exige decisiones oportunas, presupuesto bien utilizado y responsables claramente identificados. El Gobierno central debe coordinar con gobernadores, alcaldes, organismos técnicos y equipos de primera respuesta; las autoridades locales, por su parte, deben identificar los puntos críticos y evitar que la improvisación se convierta en una condena para la población.
