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El presidente Martín Vizcarra ha anunciado anoche el planteamiento al Congreso de una cuestión de confianza para que sean aprobadas cinco reformas en materia política y electoral. También ha pedido que se revise la muy cuestionada votación de la Comisión Permanente que evitó la sanción al fiscal supremo Pedro Chávarry. En buena cuenta, el Poder Ejecutivo está pidiendo al Poder Legislativo que dé luz verde a sus propuestas en la materia, “sin vulnerar su esencia”.

Si esto no ocurre, por más sensatas que parecen ser las propuestas de Palacio de Gobierno mencionadas anoche por el jefe del Estado, el camino estaría allanado para que se disuelva el actual Congreso, y quede en funciones parciales la Comisión Permanente.

Creemos que lo anunciado anoche, no era el camino para solucionar la crisis política en que se encuentra el país. La democracia implica independencia de poderes y también tolerancia y apertura al debate. También el aceptar que no siempre se gana.

Las propuestas de reformas enviadas por Palacio de Gobierno y que la mayoría del país reclama, no pueden tener condición de “inamovibles” como para que un Congreso, por más impopular que sea, no pueda modificarlas o, en todo caso, rechazarlas.

Hay que tener en cuenta, además, que el artículo 93 de la Constitución señala que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, ni son responsables ante las autoridades por los opiniones o votos que emitan.

El escenario que viene por delante podría ser mucho más complicado para el país. Un eventual cierre del Congreso generado por posturas cuestionables como las ya vistas en el fujimorismo y el aprismo, implicaría una convocatoria a elecciones en los siguientes cuatro meses, para tener un parlamento transitorio de casi un año y medio de vigencia. ¿Y mientras tanto quién discute las reformas que tanto se necesitan?

Si no hay sensatez en el Legislativo, el Ejecutivo debió aportarla.

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