La denuncia que ha formulado la secretaria general del Tribunal Constitucional (TC), Susana Távara, contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, es muy grave y debería merecer toda la atención de la institución que, en las últimas semanas, ante la coyuntura política y los casos que ha tenido y tiene en sus manos, se ha esforzado en presentarse ante los peruanos como un ente digno de todo respeto y relevancia dentro de nuestro sistema legal.
Todo hace pensar que el no haber sido elegido presidente o vicepresidente del TC sacó de sus casillas al cuestionado magistrado y lo llevó a descargar su malestar con la funcionaria, que ha tenido el valor de denunciarlo por violencia psicológica, aunque extraña que no haya sido respaldada públicamente por quienes suelen presentarse como los grandes defensores de las mujeres maltratadas. ¿Por qué el silencio?
Un TC que busca ser respetado por los peruanos y que se jacta de dar sentencias que incluso no pueden ser materia de apelación, lo cual supone una altísima solvencia profesional y personal de sus siete miembros, debería someter de inmediato este delicado caso a una investigación. Si Espinosa-Saldaña obró mal, tal como lo ha señalado la señora Távara, debería ser objeto de la más drástica sanción, pues con sus tibias disculpas no basta.
Recordemos que este no es el primer escándalo que protagoniza el magistrado Espinosa-Saldaña. Hace dos años salió a la luz pública que no tenía el grado académico de "doctor" pese a que solía presentarse como tal, incluso a través de un documento presentado al Congreso al momento de su postulación al cargo. En ese entonces el TC, por esas cosas que solo suceden en el Perú, lo salvó de ser vacado y le aplicó una muy tibia sanción que le permitió seguir en funciones hasta ahora.
Más allá de las grandes simpatías que por su postura política genera el magistrado Espinosa-Saldaña en cierto sector, su caso no puede ser pasado por alto dentro de su institución ni en el Poder Judicial, en caso la agraviada presente una denuncia penal. En el máximo intérprete de la Constitución y garante de la legalidad no se puede estar maltratando a nadie –y menos a una mujer– por supuestas cóleras, arrebatos y frustraciones que afectan a todo un colegiado.
