La inseguridad ciudadana sigue siendo una de las principales preocupaciones de los peruanos y representa uno de los desafíos más urgentes para el Gobierno de Keiko Fujimori. Las cifras de octubre encienden nuevamente las alarmas: los homicidios pasaron de 153 en septiembre a 182 en el mes siguiente, un incremento de 18.95%. A ello se suma que el 68% de ciudadanos considera que la mandataria no ha hecho lo suficiente frente a la criminalidad durante sus primeros cien días de gestión. Es una señal de desconfianza que el Ejecutivo debe escuchar, pero también una oportunidad para corregir el rumbo y demostrar que puede recuperar el control.
La decisión presidencial de anunciar una política de mano firme y supervisar el traslado de internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca transmite un mensaje de autoridad. El Estado tiene la obligación de impedir que las cárceles sigan funcionando como centros de operaciones del delito y de garantizar que quienes amenazan la tranquilidad pública cumplan sus condenas bajo condiciones de seguridad y control. Sin embargo, estas medidas deben formar parte de una estrategia integral y sostenida, no convertirse en episodios aislados destinados a ocupar titulares o alimentar fotografías oficiales.
No se trata de buscar un golpe de popularidad, sino de recuperar la confianza de una población cansada de vivir con miedo.
