Una persecución política forzada

Una Comisión del Parlamento Andino llegó al Perú para presionar al Ministerio Público y al PJ por el caso de las mal llamadas esterilizaciones forzadas. Hace un tiempo, lo hizo Luz Patricia Mejía, comisionada de la CIDH.

¿Puede una comisión integrada por Hilaria Supa, activista política, ser imparcial? Supa sostiene que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar-PSRPF fue "la mayor discriminación (contra la mujer andina)" y añade que "la concepción del gobierno fujimorista fue profundamente racista. Quiso desaparecer a ese sector de la población". Además, el comunicado del Parlamento Andino señala que "en el Perú fueron esterilizadas forzosamente 300,000 mujeres y 22,000 hombres". ¿En qué basan esas afirmaciones? ¿Están buscando justicia o venganza política? ¿Por qué no investigan las 26 esterilizaciones sin consentimiento durante el gobierno de Toledo?

¿Está facultado el Parlamento Andino para investigar casos de DDHH? ¿Puede interferir en un caso que está judicializado? ¡Ni el Congreso peruano puede interferir con el PJ! La Comisión se reunió con víctimas y fiscales. ¿Se reunieron acaso con los ministros de Salud a los que acusan? ¿Y el debido proceso?

El PSRPF fue diseñado considerando la alta mortalidad materno-infantil en los segmentos marginados, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad existente. En 1996, la mortalidad materna era 185 x100,000nv, pero en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada 1000nv, en Huancavelica morían 106. En 1993, murieron 1670 madres: una mujer cada 5 horas.

El PSRPF permitió que mujeres pobres accedieran a servicios de salud gratuitos, beneficiando a 850,000 familias al año. Como resultado se redujo la mortalidad materna en 30%.

Durante la implementación ocurrieron aproximadamente 150 casos donde médicos irresponsables realizaron esterilizaciones sin consentimiento. Los médicos debieron ser juzgados y condenados por la justicia y las víctimas resarcidas. Hubo 18 casos fatales como el de Mamerita Mestanza.

Lo que no dice el Parlamento Andino es que la Fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además, ordenó que se investigue a jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, ¿a quiénes se quiere condenar?

En un Estado de Derecho, nadie puede ser perseguido políticamente. Aunque esta persecución venga del Parlamento Andino, CIDH o la conciencia moral. Ni siquiera los fujimoristas.