El frenesí del poder en su expresión más villana, la sufrimos millones de ciudadanos el martes 5 de abril pasado. Vía un Decreto Supremo inconstitucional, el gobierno dispuso inmovilización obligatoria en Lima Metropolitana y Callao, lo que se traduce en menoscabo de derechos fundamentales, enormes pérdidas económicas y hambre de miles de familias cuyo sustento es el  trabajo diario.

Nuestra Constitución regula los regímenes de excepción, los cuales son Estado de emergencia y Estado de sitio. Ambos implican restricciones de derechos fundamentales. Su declaratoria implica un análisis de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Respecto de la necesidad, el Decreto Supremo se sustenta en un informe reservado, es decir no se ha acreditado la necesidad. Respecto de la razonabilidad, no se puede justificar la inmovilización en Lima y Callao por  protestas a nivel nacional. La protesta no es un acto criminal. Tampoco se deben limitar derechos fundamentales para solucionar protestas sociales, por tanto, tampoco es proporcional.

El Estado de Emergencia según el numeral 1 del Artículo 137 de la Constitución se declara “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Es decir sobre hechos ocurridos. El Estado de sitio se habilita: “en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan”. A diferencia del Estado de emergencia que se decreta frente a hechos concretos, el Estado de sitio se decreta ante un peligro inminente. El Decreto Supremo de inmovilización, se sustenta en una hipótesis, es decir en la posibilidad que ocurra una protesta o convulsión social en Lima y el Callao, por lo que dicha decisión  infringe la Constitución.

El gobierno provoca muertes y criminaliza la protesta. Su ineptitud la convierte en limitación de derechos. En el colmo de los excesos, desplaza miles de policías a Huancayo buscando la aceptación que no tiene. Gobierno que desmantela la Constitución, deviene en totalitario, condenando al pueblo a mendigar derechos, lo cual es inaceptable. Una raya más al tigre, sí importa.