En estos primeros días del año 2024, el país se ve azotado por fuertes lluvias, inundaciones, huaicos y oleajes anómalos que han dejado a su paso un rastro de muerte, viviendas e infraestructuras dañadas, y miles de personas damnificadas. Es una situación alarmante que exige una reflexión profunda sobre la capacidad de respuesta y prevención de nuestras autoridades.
Aunque la mayoría de los expertos coinciden en que estos eventos naturales no están directamente relacionados con el fenómeno El Niño, la magnitud de los desastres y la pérdida de vidas humanas son inquietantes. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, informó sobre “entre 6 y 8 personas que han perdido la vida”, una cifra que, aunque dolorosa, podría aumentar si no se toman medidas inmediatas y efectivas.
La realidad es que estamos frente a una advertencia de lo que podría desencadenarse en los próximos días, especialmente si El Niño se presenta en toda su magnitud. La posibilidad de una devastación aún mayor nos obliga a cuestionar la efectividad de las medidas de prevención y respuesta implementadas hasta ahora por los tres niveles de gobierno.
Es el momento de que las autoridades asuman la responsabilidad que les corresponde y se pongan a la altura de los desafíos que la naturaleza les presenta. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno, la implementación de medidas de emergencia y la movilización de recursos deben ser prioritarias en este momento crítico.
