La nueva denuncia contra la congresista Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso (APP), a quien se sindica de armar una “caja chica” para sus gastos de movilidad con dinero recortado ilegalmente de los sueldos de sus trabajadores, tendría que llevar a que la Mesa Directiva adopte medidas para que los servidores asaltados por los llamados “padres de la patria” puedan hacer las denuncias respectivas.
No estamos hablando de casos aislados de recortes de sueldos. Estamos ante una modalidad de robo sistemático. Lo peor, estamos seguros, es que solo conocemos algos de estos hechos y que existen muchos más que no han sido denunciados por temor de los agraviados a perder su empleo o a acabar empapelados si es que todo queda en nada.
El llamado a crear mecanismos para recibir las denuncias con las respectivas evidencias contra estos pájaros fruteros del dinero de los servidores de sus despachos, debería ser el propio presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Sin embargo, difícil que esto suceda si se tiene en cuenta que muchos de los señalados como “mochasueldos” son de APP, su agrupación política.
Si el presidente Salhuana no tiene problema alguno en erradicar a esta verdadera plaga que denigra aún más al Congreso, hoy mismo debería tomar medidas para que todas las denuncias y las evidencias puedan ser recibidas de manera segura, a fin de que no haya más impunidad.
