En los meses que lleva Castillo como presidente, ha tenido que hacer frente a 2 mociones de vacancia y varios otros escándalos políticos. Sin embargo, el paro de transportistas y las protestas en Huancayo han sido los primeros retos de gobernabilidad que ponen a prueba la capacidad del gobierno para reaccionar y atender crisis fuera del ámbito político.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno? Como era de esperarse: de manera improvisada. El gobierno ha intentado contener zonas de fuego, apaciguar a grupos de protestantes, y sin un plan de acción integral.
Durante el fin de semana se publicó la exoneración del impuesto selectivo al consumo (ISC) a algunos combustibles, así como un incremento de 95 soles en la remuneración mínima vital. Ambas son medidas de corto alcance que no ofrecen una solución real a los problemas por los que se protesta. Por el contrario, el aumento del sueldo mínimo es una medida populista antes que una medida con impacto real, pues motivará aún más informalidad en un país que necesita con urgencia promover la formalidad.
La exoneración del ISC, lejos de propiciar la calma, probablemente impulse a otros grupos de interés a reclamar exoneraciones similares en sus sectores respectivos. Si el gobierno sigue cediendo, entrará en una espiral de autodestrucción de la que será imposible salir.
Lo único que la reacción del gobierno evidencia es que ha sido incapaz de hacer frente a un difícil contexto global que repercute -con sus particularidades- en el Perú. De la situación en la que estamos no hay salida fácil (aunque eso puede ser una noticia para Castillo, porque él siempre se ha encontrado del otro lado de la mesa). Hoy le toca estar del lado difícil. Le toca ser gobierno y negociar con inteligencia. Las acciones de este gobierno en los próximos días definirán si el fuego se propaga o no por el resto del país.
