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Una solución integral es la que debe buscar el Gobierno en el tema del Corredor Minero Sur, el mismo que cada cierto tiempo es tomado, de manera escalada, por pobladores de comunidades por donde pasa el mismo. El reciente bloqueo (25 días) por integrantes de pueblos de Chumbivilcas (Cusco) es una demostración de que se recurre a medidas extremas para condicionar demandas que pueden ser justas o no; empero esa no es la medida o el camino.

Si se llega a estas acciones extremistas y violentas, es justamente por la poca credibilidad que tienen los representantes del Gobierno, quienes tras instalar las respectivas mesas de diálogo con los representantes populares y suscribir actas de compromiso, estas casi nunca se cumplen o son atendidas a medias.

Sobran antecedentes sobre la falta de palabra de las autoridades gubernamentales, y en parte son el detonante de estos conflictos sociales, los cuales deberían de ser tratados con transparencia y credibilidad, dejando de lado las "mecidas".

Las reiteradas protestas afectan directamente la economía del país en momentos en que el crecimiento no es el que todos deseamos y que puede pasarnos factura el próximo año.

El ministro del Interior, Carlos Morán, ha justificado la presencia de la Policía para restablecer el orden y con ello se reanude la producción minera en la zona. Y tiene razón al recordar que el bloqueo de vías y paralizaciones es considerado un delito, motivo por el cual quienes las promueven deben atenerse a las consecuencias y no estar quejándose luego de que se criminaliza la protesta popular.

El orden es primero y qué mejor que mantenerlo con mesas de diálogo creíbles y los acuerdos se cumplan.

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