La presidenta Dina Boluarte estuvo ayer muy activa. En la ceremonia de incorporación de 5 mil nuevos policías anunció el incremento de presupuesto para la lucha contra la criminalidad. Horas más tarde, participó en la Apertura del Año Judicial 2024 e informó sobre un aumento de lo recursos del Poder Judicial para el presente año.
Son propuestas positivas, pero la retórica necesita respaldo con acciones concretas y resultados. La decisión de aumentar el presupuesto para la lucha contra la delincuencia es alentadora, pero la población peruana está cansada de escuchar anuncios pomposos sin ver mejoras significativas en la seguridad ciudadana.
La realidad es clara: la seguridad ciudadana no puede ser simplemente un tema de discusión o una promesa política más. Requiere acciones firmes, estrategias bien elaboradas y una voluntad política sostenida para erradicar la delincuencia.
La inseguridad no solo es la principal preocupación de los ciudadanos, sino que también ahuyenta a los inversionistas y emprendedores. La confianza en la estabilidad y seguridad de un país es fundamental para atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico.
La falta de avances significativos en la lucha contra la delincuencia podría minar la confianza en el gobierno y sus capacidades para abordar los problemas fundamentales que afectan a la sociedad.
