Mañana domingo tendrá lugar en Uruguay el referéndum para cambiar 135 artículos de los 476 que consigna la Ley de Urgente Consideración, una especie de ley- ómnibus que el presidente Luis Alberto Lacalle impulsó desde que empezó su mandato el 1 de marzo de 2020. Esta importante ley propone e impulsa una serie de reformas estructurales en diversos campos que modernizarían tremendamente a Uruguay, y romperían con el marasmo de los pasados quince años de gobierno del socialista Frente Amplio.
Las reformas patrocinadas por Lacalle van desde incentivos a la inversión y limitaciones a los poderosos sindicatos uruguayos para no impedir el derecho a trabajar de los que deseen hacerlo, hasta el fortalecimiento del sistema de ley y orden para empoderar a la policía en la lucha contra la delincuencia, endureciendo penas y blindando jurídicamente a las fuerzas del orden. También incluyen anclas del gasto público a un porcentaje fijo del PBI, con el fin de no exacerbar el dispendio fiscal por tentaciones populistas, algo que el Frente Amplio utilizó sin cortapisas en los gobiernos de Tabaré Vásquez y José Mujica.
Sí, ya adivinaron: los socialistas uruguayos ya tacharon la ley como “neoliberal” y el Frente Amplio quien encabezó una coalición de izquierda para lograr casi 800 mil firmas de ciudadanos uruguayos –que es mucho en un país de 3 millones y medio de habitantes– para forzar un referéndum para decirle “NO” a algunas de estas reformas y así boicotear el cambio propuesto por Lacalle.
El presidente uruguayo se atrevió a impulsar un programa de reformas liberal-conservadoras en un momento en que el barrio latinoamericano baila entusiasta al ritmo del socialismo del siglo XXI. Entonces el referéndum del domingo ya no sólo sobre una ley, sino una prueba de la calidad de su legitimidad. Y como demócrata, no ha fustigado el derecho de sus opositores, sino que aceptó el guante en la cara y se dispuso a luchar. Espero que tenga éxito.
