Los últimos resultados de la encuesta “Barómetro de las Américas” han revelado una realidad desoladora: solo el 19% de los peruanos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en nuestro país. En otras palabras, apenas 2 de cada 10 ciudadanos se muestran conformes con el sistema que rige nuestras vidas. Este dato, aunque alarmante por sí solo, cobra mayor gravedad al considerar que año tras año los resultados de esta encuesta son cada vez más desalentadores. Actualmente, nos encontramos en el antepenúltimo lugar en el ranking de satisfacción por la democracia en Latinoamérica, superando apenas a países como Surinam y Haití.
Este sombrío panorama no hace más que reflejar el profundo hartazgo de la población frente a una clase política que ha utilizado y abusado de la democracia en beneficio propio. Los constantes escándalos en el Congreso, las señales de corrupción que emanan desde el Gobierno, los allanamientos y disputas en el Ministerio Público, entre otros eventos lamentables, conforman un cóctel explosivo que ha erosionado por completo la confianza de los peruanos en sus autoridades.
Sin embargo, los efectos de esta desconfianza van mucho más allá de la esfera política. Generan inestabilidad, caos e incertidumbre, elementos sumamente perjudiciales para nuestra economía y, por ende, para los bolsillos de los sectores más vulnerables de la sociedad. La falta de confianza en nuestras instituciones democráticas se traduce en una falta de estabilidad económica y en una pérdida de oportunidades para aquellos que más lo necesitan.
