La medida de detención preliminar del artículo 261.1° del Código Penal, a pesar de su naturaleza excepcional, está siendo solicitada por la Fiscalía de forma frecuente, pero, sobre todo, termina siendo concedida por el Poder Judicial sin mayor ponderación jurídica y sin la debida motivación que la sustente, lo cual constituye un evidente abuso.
Sin perjuicio de la indignación que nos causa la corrupción evidenciada en el denominado “caso Swing”, debo precisar que desde un enfoque estrictamente jurídico, la resolución judicial que dispone la detención preliminar sobre los exfuncionarios involucrados incurre en falsa motivación o motivación aparente, causal que vicia de nulidad su decisión por vulnerar el derecho fundamental consagrado en el artículo 139° numeral 5 de la Constitución. Al respecto, el TC ha señalado que este derecho protege al justiciable en los siguientes casos: “a) Inexistencia de motivación o motivación aparente (cuando la misma solo es aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustenta la decisión)”.
Son 86 folios los que contiene la resolución expedida por la juez Sonia Bazalar, en los que 59 están dedicados a transcribir el requerimiento del Ministerio Público y, en los siguientes, los supuestos fundamentos del órgano jurisdiccional. Sin embargo, una lectura atenta a los considerandos solo deja traslucir una descripción detallada de las normas legales aplicables al caso, una enumeración de los hechos investigados y la tipificación de los supuestos delitos imputados; como suficiencia de los elementos de convicción, una descripción pormenorizada de los documentos que obran en la Carpeta fiscal, y como análisis de la procedencia de la detención preliminar, nuevamente una enumeración de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. Fundamentación, cero. Ponderación, nada.
Realmente, el caso de detención preliminar está tan mal presentado, y peor resuelto, que no hace más que contribuir a fomentar la sospecha de que lo que se pretende en realidad, es crear la falsa ilusión de que se combate a la corrupción con operativos aparatosos y mediáticos, pero carentes de sustento, para encubrir la verdadera corrupción que está instalada en el nivel más alto del Poder.
