A los que se llenan la boca hablando de las “bondades” de la participación del Estado como empresario en diversos sectores, ahí tienen el reciente nombramiento de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro, una entidad pública que tal como establece su norma, requiere de funcionarios capacitados en un tema tan técnico como el de hidrocarburos y energético en general, y no de gente sin conocimiento en la materia que llega al cargo por “cercanía política” con un gobernante.

Los que sueñan con el Estado convertido en empresario y metido en minería, electricidad, transporte aéreo y terrestre de pasajeros, telefonía, alimentos, toda la educación, toda la salud, todo el sistema de pensiones y hasta en la banca, ¿qué quieren?, ¿que esto quede en manos de los amigos del Pedro Castillo? ¿pretenden que lo que hoy es manejado por privados, pase a los socios de Karelim López y que los nombramientos de los gerentes públicos se negocien en el pasaje Sarratea?

Miremos lo que sucede en el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (MTC), donde el ministro Juan Silva, un dueño de combi sin papeles y moroso en el pago de papeletas, ha convertido el sector en su chacra, al poner a la gente más impresentable que se haya visto en el sector público en muchas décadas. Lo mismo pasa en el Ministerio del Ambiente, donde toda batería de Perú Libre anda rondando y llamando a “padrinos” para agarrar los puestos mejor pagados. Provecho, señores.

A trabajar en el Estado tienen que ir los mejores, y no los paisanos, los amigos, los adulones, los que cargaron el maletín e hicieron pintas en las paredes durante la campaña, o los políticos venidos a menos que regalan los votos de sus congresistas al oficialismo para agarrar una chambita, y mejor si es con carro y chofer. ¿Se imaginan que hasta la luz que ilumina nuestras casas, las líneas de los celulares y el avión o el ómnibus al que nos subamos, estén en manos de Castillo, Silva y sus amigos?

La experiencia del Estado empresario ya fracasó en el Perú. Casi nos hundimos a inicios de los años 90 por las millonarias pérdidas de compañías públicas donde los jefazos y la mayoría de empleados tenían como único “mérito” contar con carnet del partido de gobierno o ser amigo del presidente o de sus ministros. Era el reino del tarjetazo, la vara y el compadrazgo, tal como pretenden que suceda en el régimen marxista leninista del presidente Castillo, mientras el Congreso mira a otro lado.