Recuerdo que hace siete años, en las horas previas a la llegada del 2019, la decisión del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de remover del Equipo Especial Lava Jato a Rafael Vela Barba y a José Domingo Pérez, ocasionó un terremoto político debido a que ambos, en ese entonces, eran vistos como los paladines de la lucha contra la corrupción, los implacables contra las lacras, los héroes intocables que de manera profesional y limpia iban a fumigar a la política y al Perú de los ladrones de saco y corbata.
Incluso el corrupto Martín Vizcarra, en ese momento presidente del Perú, adelantó su regreso al país desde Brasil, a donde había acudido a la toma de mando de Luis Bolsonaro, para ponerse al frente de la indignación ciudadana que se expresaba en movilizaciones en las calles, pronunciamientos y casi un linchamiento mediático al fiscal Chávarry. Eran los tiempos en que junto al juez canero Richard Concepción Carhuancho, mandaban a prisión preventiva a quienes se les antojaba.
Bueno, ayer el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, ha desactivado ese famoso Equipo Especial y salvo algunas quejas en medios y redes, nadie ha movido un dedo por salvar a Vela y a Pérez, y la razón es simple: su trabajo politizado ha sido un gran fiasco y ha ocasionado un tremendo daño a la lucha contra la corrupción. Incluso sus grandes escuderos de hace siete años, hoy les han dado las espaldas porque es evidente que todo han sido fuegos artificiales, detenciones luego dejadas sin efecto, y nada más.
La patinada más sonada ha sido el llamado Caso Cocteles, que tocaba a la cúpula del fujimorismo, incluyendo a Keiko Fujimori. La investigación de Pérez fue devuelta casi 20 veces por ineficiente y finalmente, en decisión lamentable, el Poder Judicial la aceptó, para luego ser anulada por el Tribunal Constitucional. Simplemente no había caso, pero han tardado casi ocho años en un proceso inútil, todo por un afán de persecución política y de hacer ruido, más aún en tiempos de elecciones.
La lucha contra los corruptos, vengan de donde vengan, tiene que ser implacable, pero de manera profesional y sin contaminación política de por medio, pues eso más bien da armas para los que nos han metido la mano al bolsillo, salgan a decir que son “perseguidos”. Esperemos que los casos aún pendientes caigan en manos de magistrados con buenos antecedentes –que de hecho deben quedar en un Ministerio Público que tendría que ser reformado casi en su totalidad–, y que su labor dé los resultados que el país espera.
