Cumpliendo la promesa de campaña, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ya en dominio de la Asamblea Nacional luego de ganar las elecciones parlamentarias de Venezuela, en diciembre de 2015, acaba de aprobar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para los presos políticos que yacen en las cárceles del país retenidos por el régimen gendarme de Nicolás Maduro. La propia ley es clara al establecer que dicha amnistía se produce en los casos de “hechos vinculados a protestas, expresiones o pronunciamientos con fines políticos”. No fue a carpetazo cualquiera, pues hubo un intenso debate con los diputados gobiernistas los que, como era de esperarse, se opusieron en todo momento a su aprobación. El presidente Maduro ha dicho que no va a firmar ninguna ley en ese sentido y la oposición busca frenéticamente realizar un cambio en las prerrogativas del Tribunal Supremo, hoy controlado por el chavismo, para así doblegar la intransigencia del poder oficialista que no dará luz verde a la voluntad del Parlamento Nacional. Cambiando ciertos atributos del Tribunal Supremo, la oposición recién podría pasar por encima de Maduro dado que el veto presidencial sigue siendo clave para sostener los caprichos del dictador. Pero esta situación de enfrentamiento de poderes lamentablemente llegará a un punto de eclosión sin límites que puede llevar al desborde en el país. Maduro debería entender que no será eterno en el poder y que un poco de sensatez podría permitirle una salida negociada decorosa. Pero estas cosas no las entiende y por eso se muestra fiero. Los presos políticos no deben estar un minuto más en las cárceles, esa es la consigna de la oposición democrática.