El ministro del Interior, José Elice, y el actual comando de la Policía Nacional están en la obligación de actuar e impedir que el Centro de Lima se convierta en una “zona liberada” donde manifestantes de uno y otro lado puedan hacer lo que les dé la gana, incluso agredir física y verbalmente a ciudadanos e impedir el trabajo de los periodistas, tal como sucedió la semana pasada, incluso a metros de Palacio de Gobierno y en la Plaza San Martín.
No se puede permitir que fujimoristas radicales pretendan aproximarse a Palacio de Gobierno mientras atacan a periodistas que cumplen con hacer su trabajo, al igual que es inaceptable que un ciudadano sea agredido brutalmente en plena Plaza San Martín junto a un patrullero, por personas que se desplazaban libremente con palos. ¿Quién pone orden ante estas situaciones? ¿Alguien ha dado alguna disposición para atar de manos a la policía?
También se ha denunciado, hasta el cansancio, la presencia en el centro de la ciudad de gente con chicotes y machetes. Incluso algunos llevan chalecos y credenciales que nadie sabe quién se las ha dado. Imposible que el Ministerio del Interior y la Policía no sepan de esto. De estos hechos son tan responsables los agresores de ciudadanos, como las autoridades que parecen estar mirando a otro lado por razones que ojalá sepan explicar a la ciudadanía.
Es bueno hacer llamados a la unidad entre los peruanos y a deponer la violencia, pero es mejor actuar y evitar que en mismo centro de la capital se convierta en tierra liberada por grupos violentos, sin importar el color que tengan. Acá no se trata de si son fujimoristas o simpatizantes, o gente de Perú Libre y sus amigos. Se trata de decirle a las autoridades políticas y policiales que deben cumplir su rol de garantizar la tranquilidad y la seguridad de las personas, que para eso están.
No es necesario se pitonisa ni analista para advertir que esta semana puede tornarse violenta ante la coyuntura política, por lo que sería bueno que la PNP cumpla con su función de poner orden de acuerdo a la Constitución aún vigente. Quien tenga que ser intervenido y arrestado por agredir a golpes, con palos o machete, tendrá que ir a parar a un calabozo y ser denunciado ante el Ministerio Público, salvo que ya estemos en un régimen de caos, prepotencia y violencia impune como en Cuba o Venezuela.
