El viernes último una turba atacó, robó y pendió fuego al campamento de la empresa minera Apumayo, en Ayacucho, en medio de una huelga de pobladores de tres provincias ayacuchanas que exigen la salida de dicha compañía aurífera.
Las imágenes del siniestro las hemos visto todos los peruanos y queda preguntar a las autoridades qué se está haciendo para sancionar a los delincuentes que hicieron esto.
Preocupa que ante la falta de acción del Ministerio Público y de la Policía Nacional, y frente a la ojeriza que tiene el gobierno marxista leninista del presidente Pedro Castillo por la inversión privada y en especial por la minería, actos como este queden impunes y sirvan de “motivación” para que se den otras situaciones similares, como ya ocurre con Antamina.
Hechos de violencia de este tipo, así como tomas de carreteras y agresiones a la Policía Nacional, no pueden ser “normalizadas”, por lo que las autoridades están en la obligación de actuar y sancionar.
Toda protesta queda deslegitimada cuando se cae en la violencia y se ataca a la propiedad pública y privada. Esto es inaceptable en cualquier país civilizado regido por la democracia y el equilibro de poderes.
