Mientras todos estaban pendientes en el traslado, de Bolivia al Perú, del prófugo empresario Martín Belaunde Lossio, los actos de violencia no pararon. En las últimas horas, en diferentes regiones del país, el vandalismo alcanzó, incluso, a Lima. Hechos promovidos por grupos políticos radicales que buscan desestabilizar el sistema, destruyendo la propiedad privada y pública.
Lo que se observó en el valle de Tambo, Islay-Arequipa, durante 67 días, con protestas en contra del proyecto Tía María, donde predominó caos y muerte, poco a poco se replicó en otras localidades del sur que acataron un paro de 48 horas, el mismo que dejó millonarias pérdidas.
Por ejemplo, estas llegaron a Marcona; Lima sufrió una ola de invasiones de terrenos privados y estatales, entre otros casos, en el territorio nacional. Preocupa que el vandalismo avance y no exista firmeza del Estado en aplicar las herramientas que la democracia le brinda para sancionar a los grupos agresores, tal como expresó Martín Pérez, presidente de la Confiep, en reunión con la prensa extranjera, donde además advirtió que si no para la violencia irracional puede ponerse en riesgo importantes inversiones.
En la tarde del jueves último, el Centro de Lima fue escenario de caos y destrucción, razón por la cual los detenidos deben de responder por estos actos repudiables, como demandó un aterrado alcalde Luis Castañeda.
El Gobierno tiene que parar esta oleada violentista y recuperar el principio de autoridad en el país.
