El plan de reactivación económica del presidente Martín Vizcarra es una moneda al aire en cuestión de seguridad sanitaria, pero lo real es que exigirá un presupuesto extra a los sectores que arrancarán sus labores en esta primera fase tras la cuarentena por el Covid-19.

Veamos. La minería y la industria, la construcción, los servicios y el turismo y el comercio son, junto a la agroexportación, los sectores que mueven la aguja económica del país. Sin embargo, la paralización de labores les significó una merma en caja.

A esto le debemos sumar que, para poder iniciar sus jornales, las empresas tienen que implementar protocolos de seguridad sanitaria para los trabajadores -o los pocos que les quedan raíz del estado de emergencia sanitaria-.

Más dinero para que puedan trabajar y ofrecer sus servicios. ¿De dónde? En algunos campos, por ejemplo, les será más fácil hacerle caso al decreto supremo 080-2020-PCM. No será lo mismo iniciar la faena en una mina que brindar mano de obra en carpintería o gasfitería.

Y quienes fiscalizarán a las empresas si cumplen con el decreto serán las autoridades sanitarias, los gobiernos locales y la Sunafil. Esta última con un presupuesto extra, mientras que las otras actuarán con su propio peculio. ¿De dónde sacarán dinero si andan flacos del bolsillo?

La reactivación económica no será nada fácil para el gobierno, pero tampoco para las empresas, como para nadie. La cuestión es si en realidad se cumplirá todo lo que está en el papel.

Por lo demás, en medida de que se vayan activando las otras tres fases de la reactivación financiera se verá si el plan funcionó o si el país se volvió más informal de lo que era antes de la pandemia.

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