¿Y dónde está el procurador Ad Hoc?

La Procuraduría Ad Hoc anticorrupción nació en febrero de este año luego de la designación de Katherine Ampuero y de su adjunta Liliana Meza, ambas bajo el paraguas técnico y político de Julia Príncipe. Una procuraduría de este tipo no es dependiente del Gobierno sino del Estado y así lo entendieron las designadas; por ello, hicieron uso de su absoluta autonomía para derivar algunos antecedentes polémicos del presidente PPK a la Fiscalía, con el fin de que indagase, por ejemplo, por qué aparecía el jefe de Estado como receptor de una transferencia de un cuarto de millón de dólares que TRG Allocational Offshore Ltd., ubicada en islas Gran Caimán, habría efectuado a sus cuentas personales el 23 de diciembre del 2015, en plena campaña presidencial. Además, buscaba esclarecer unas supuestas transferencias que Odebrecht Latinvest Perú realizó a las empresas Latin America Enterprise y First Capital por cerca de 100 mil dólares, cuando estas dos últimas tuvieron como miembro de sus directorios al actual presidente. Eso ocurrió en abril de este año. El 20 de julio, el Gobierno destituyó a Ampuero para reemplazarlo por Jorge Ramírez, un procurador a la medida de sus intereses y que parece desterrado al ostracismo del silencio y de la complicidad: no habla, no acciona, no lidera. Ocupa un espacio fantasmal y silente en medio del estruendo volcánico que cada día sacude al país por el caso “Lava Jato” y que para él parece no existir. Hace unos días, se ha revelado que First Capital Partners, de un ex socio de PPK, habría estructurado el financiamiento del Gasoducto del Sur para Odebrecht en 2007. Hace rato que el Congreso debió citar al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, para que explique la inconcebible abdicación de la Procuraduría Ad Hoc.